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Por Claritza Arlenet Peña Zerpa y Mixzaida Yelitza Peña Zerpa

Resumen 

El presente resumen constituye el marco analítico condensado del estudio sobre la expansión de la frontera agroindustrial de la palma africana (Elaeis guineensis ) en América Latina, centrándose en las dinámicas de despojo socioambiental en el Chocó biogeográfico ecuatoriano y la respuesta biocultural de las comunidades locales.

El objetivo central de esta investigación es examinar críticamente las transformaciones territoriales provocadas por el monocultivo de la palma aceitera en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas (Ecuador), y evaluar el rol del cine comunitario como estrategia de defensa territorial e interétnica. La metodología empleada se basa en la triangulación cualitativa entre indicadores macroeconómicos del agronegocio regional y los testimonios documentales recogidos en la película Queremos Nuestra Agua. Los hallazgos principales revelan un patrón sistémico de ecocidio fluvial, despojo de tierras ancestrales, vulneración severa de la salud humana y animal por intoxicación con agrotóxicos, e impunidad institucional derivada del incumplimiento del fallo histórico que reconoció los Derechos de la Naturaleza. Se concluye que el cine comunitario opera como un dispositivo emancipatorio de soberanía narrativa y archivo vivo biocultural capaz de desafiar la hegemonía extractivista.

Palabras clave: Palma aceitera, Chocó biogeográfico, Derechos de la Naturaleza, Cine comunitario, Soberanía alimentaria, Resistencia biocultural.

Introducción y contexto territorial: El Chocó biogeográfico y la coexistencia interétnica en Esmeraldas

El Chocó biogeográfico constituye una de las ecorregiones de mayor megadiversidad y endemismo del planeta, desempeñando un rol crucial como hotspot ecológico para la regulación climática global. En este espacio, la confluencia histórica entre comunidades afrodescendientes e indígenas estructuró modos tradicionales de vida fundados en la gobernanza colectiva, el uso sustentable de la biodiversidad y la reciprocidad comunitaria. Sin embargo, la irrupción del extractivismo agroindustrial alteró de manera drástica esta matriz socioecológica, reconfigurando la región en una frontera de despojo y violencia ambiental.

El bosque del Chocó se despliega geográficamente a lo largo de la costa del Pacífico, extendiéndose desde Panamá hasta el norte del Ecuador (Moreno, 2019). En el cantón San Lorenzo, situado en la provincia fronteriza de Esmeraldas y caracterizado por su colindancia directa con la República de Colombia, conviven históricamente la comuna afroecuatoriana La Chiquita y la comunidad indígena Awá de Guadalito (Gualinga, 2024; Quintero, 2020). Ambas poblaciones han compartido un tejido social ancestral orientado a la subsistencia mediante la caza, la pesca fluvial, la recolección de frutos silvestres y la agricultura diversificada en parcelas familiares (Cantincuz, 2020; Quintero, 2020).

Este equilibrio socioambiental comenzó a fracturarse en la década de 1970 con la llegada de los primeros empresarios palmicultores, proceso que se intensificó de forma agresiva hacia 1997 (Quintero, 2020). Esta expansión agroindustrial operó mediante la apropiación irregular de tierras ancestrales, la fragmentación del ecosistema y el cercamiento privatizador de vías de tránsito tradicionales. Destaca en este proceso la actuación de empresarios como Julio Hidalgo, quienes instalaron portones metálicos y seguridad privada sobre caminos históricos del kilómetro nueve, bloqueando el libre acceso de las familias locales a sus fincas agrícolas y a las fuentes de agua (Quintero, 2020).

La reestructuración profunda de las condiciones socioecológicas en el territorio se sintetiza en la siguiente matriz comparativa:

Tabla 1

Antes y después de la transformación

Esta degradación socioambiental a escala micro-territorial en Esmeraldas no es un hecho aislado, sino la manifestación localizada de la economía política global del agronegocio de la palma aceitera en América Latina.

Panorama de la Palma Aceitera en América Latina: Expansión Agroindustrial, Desplazamiento y Greenwashing

La creciente demanda global de materias primas baratas para la fabricación de productos ultraprocesados y agrocombustibles ha posicionado a América Latina como la frontera agrícola más dinámica para la expansión del monocultivo de la palma africana (Elaeis guineensis). Ante el agotamiento de tierras disponibles en el Sudeste Asiático (Malasia e Indonesia), el agronegocio transnacional ha reorientado sus inversiones hacia los bosques tropicales y territorios comunitarios de la región (GRAIN, 2024).

Entre 1994 y 2021, la producción mundial de aceite de palma experimentó un incremento de casi el 600%, elevándose de 14.72 a 80.58 millones de toneladas métricas (FAO, 2024; GRAIN, 2024). En paralelo, la superficie global cultivada se amplió de 7.86 a 28.91 millones de hectáreas (FAO, 2024; GRAIN, 2024). En un lapso de tres décadas, el aceite de palma pasó de representar el 2% al 41% del consumo global de aceites vegetales, desplazando a la soya como la principal oleaginosa consumida a nivel mundial, una dinámica impulsada estrictamente por la maximización de ganancias corporativas (GRAIN, 2024). Actualmente, la producciòn puede visualizarse em la Figura 1

En el ámbito regional, los indicadores de superficie y volumen de producción se distribuyen de la siguiente manera entre los países líderes (FAO, 2024; GRAIN, 2024; USDA, 2024):

• Colombia: ~500,000 hectáreas (1,747,773 toneladas métricas).

• Guatemala: 210,000 hectáreas (800,000 toneladas métricas).

• Honduras: 217,000 hectáreas (650,000 toneladas métricas).

• Brasil:  ~200,000 hectáreas (579,158 toneladas métricas, concentradas en el estado de Pará por la firma Brasil BioFuel - BBF).

• Ecuador:  152,529 hectáreas (419,000 toneladas métricas), representando el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola nacional.

Figura 1

Top de los paìses productores de aceite de palma 

Tomado de https://www.fas.usda.gov/data/production/4243000

Por otra parte, el complejo entramado de actores financieros, industriales y comerciales que sostienen este modelo extractivo abarca (GRAIN, 2024):

• Empresas productoras clave: Energy & Palma, Palmeras de los Andes, PALESEMA y Palmeras del Ecuador (Ecuador); Brasil BioFuel (BBF) y Agropalma (Brasil); Grupo Jaremar (Honduras); Polygrow, Fedepalma y Palmas y Extractora Monterrey S.A.S. (Colombia); Grupo Natura y Reforestadora de Palma del Petén (Guatemala); Palmas del Espino y Ocho Sur (Perú).

• Transnacionales compradoras: Nestlé, Unilever, PepsiCo, Mondelez International, Coca-Cola, Kellogg's, Grupo Bimbo, L'Oréal, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Cargill, BP, Shell, ExxonMobil, AAK, Wilmar y ADM, junto a cadenas minoristas como Walmart, Carrefour, Cencosud y Grupo Éxito.

• Mecanismos financieros multilaterales y bancarios: Créditos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), complementados con financiamiento bancario de entidades como HSBC y Rabobank, proyectándose inversiones superiores a 100 mil millones de dólares en la región.

Respecto al impacto sobre el uso del suelo, la investigación de Furumo y Aide (2017), citada por GRAIN (2024), demuestra que la expansión de la palma aceitera en América Latina reemplaza en un 79% a pastos y áreas dedicadas a la producción de alimentos básicos, mientras que un 21% sustituye de forma directa a bosques primarios. Estos datos confirman que el monocultivo destruye la soberanía alimentaria local y acelera la deforestación de ecosistemas megadiversos.

Con el fin de mitigar la desaprobación pública internacional, la industria promovió en 2004 la creación de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), respaldada en sus inicios por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) (Amigos de la Tierra, 2018; GRAIN, 2024). Sin embargo, la RSPO opera fundamentalmente como una estrategia de greenwashing  o lavado verde, emitiendo certificaciones de sustentabilidad que enmascaran el acaparamiento violento de tierras, los abusos laborales y la deforestación ilegal (Amigos de la Tierra, 2018; GRAIN, 2024).

Evidencia sustantiva desmitifica estas certificaciones: en Colombia, el Ministerio del Ambiente (2017) reveló que entre 2011 y 2017 la palma causó la deforestación de 17,000 hectáreas de bosque, a pesar de los compromisos de cero deforestaciones suscritos por empresas certificadas. En Guatemala, firmas acreditadas por la RSPO enfrentan severas denuncias por despojo territorial en el Valle del Polochic y Sayaxché (GRAIN, 2024). De forma análoga, en Perú y Brasil, corporaciones como Agropalma y BBF han sido sancionadas por deforestación no autorizada de bosques amazónicos y violaciones de derechos humanos mientras contaban con la certificación o buscaban su aval (GRAIN, 2024).

Frente a esta trama de impunidad corporativa internacional, las comunidades afectadas en Esmeraldas impulsaron un litigio constitucional sin precedentes en la historia del derecho ambiental.

La demanda constitucional por los Derechos de la Naturaleza (2010): Litigio, sentencia histórica e impunidad persistente

El proceso judicial liderado por las comunidades La Chiquita y Guadalito sienta un precedente doctrinario a nivel internacional. Corresponde a la primera demanda en la historia constitucional de Ecuador y del mundo donde se invocan formalmente los Derechos de la Naturaleza, consagrados en la Carta Magna de Montecristi de 2008, para tutelar un ecosistema fluvial destruido por el vertimiento continuado de agrotóxicos y efluentes agroindustriales (Bonilla, 2022; Gonzalón, 2016).

La génesis del conflicto legal se remonta a julio de 2010, cuando la Comuna Afroecuatoriana La Chiquita y la Comunidad Indígena Awá de Guadalito presentaron una acción de amparo ambiental y constitucional contra las empresas palmicultoras Palmeras de los Andes y PALESEMA (Bonilla, 2022; Gonzalón, 2016). Las comunidades denunciaron la degradación sistemática de la cuenca del río Chiquita producto de la descarga descontrolada de desechos provenientes de piscinas de oxidación y la lixiviación de agrotóxicos como el glifosato y el carbofurano (Corte Provincial de Esmeraldas, 2017; Gonzalón, 2016).

Tras siete años de dilaciones procesales, la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas dictó una sentencia histórica en 2017 (Juicio No. 08111-2010-0220). El tribunal determinó la vulneración del Artículo 71 de la Constitución del Ecuador, declarando a la cuenca del río Chiquita como sujeto de derechos y vinculando de forma indisociable esta afectación ecológica con la vulneración de los derechos humanos al agua, la salud, la alimentación y un ambiente sano (Corte Provincial de Esmeraldas, 2017; Gonzalón, 2016).

No obstante, el avance conceptual de la resolución, existe una brecha crítica entre la teoría jurídica y la aplicación efectiva de las medidas de reparación integral ordenadas por el juez, las cuales exigían:

1. La descontaminación, dragado y restauración ecológica del río Chiquita y sus esteros (Corte Provincial de Esmeraldas, 2017).

2. La instalación inmediata de infraestructura de agua potable y servicios de salud especializados para las poblaciones afectadas (Bonilla, 2022).

3. La titulación, delimitación y restitución de las tierras despojadas, acompañada de indemnizaciones económicas por daños materiales y morales (Bonilla, 2022).

En la práctica, estas disposiciones no se han ejecutado. La inacción del Estado ecuatoriano caracterizada por la omisión de ministerios e instituciones de control configura un estado de desacato procesal omisivo. Esta omisión estatal no representa un mero retraso burocrático, sino una forma de violencia estructural sustentada por el aparato público que perpetúa la impunidad corporativa y mantiene activo el daño ecológico en el territorio (Bonilla, 2022; Gonzalón, 2016; Gualinga, 2024).

Biopolítica del despojo: Impactos sistémicos en salud, soberanía alimentaria y vida cotidiana

La contaminación ambiental derivada del paquete tecnológico de la palma aceitera se manifiesta como una forma de violencia lenta y necropolítica. La fumigación sistemática de agrotóxicos y la alteración de las fuentes de agua vulneran los cuerpos de las poblaciones afro e indígenas, destruyendo sus medios de subsistencia y transformando la vida cotidiana en un entorno signado por la enfermedad y el duelo (Moreno, 2019).

En el ámbito de la salud, los estudios empíricos en la zona palmicultora de Esmeraldas reflejan niveles críticos de afectación. El 58% de los trabajadores de las plantaciones presenta sintomatología clínica vinculada a la exposición directa a plaguicidas (Gonzalón, 2016; GRAIN, 2024). En las comunidades aledañas, se registran elevados índices de cáncer, enfermedades dermatológicas, infecciones gastrointestinales, abortos espontáneos, malformaciones congénitas e infantilismo (condición caracterizada por un desarrollo cognitivo inferior a la edad biológica del individuo) provocados por la dispersión aérea e hídrica de químicos tóxicos (Gonzalón, 2016; GRAIN, 2024). Estas afectaciones ocurren bajo condiciones de precariedad laboral donde los obreros reciben salarios de $6 USD al día y los supervisores $12 USD, en esquemas de subcontratación diseñados para evadir responsabilidades legales y sin suministro de equipo básico de protección (Bayón, 2013; GRAIN, 2024).

La dimensión testimonial recogida en la obra documental Queremos Nuestra Agua evidencia la gravedad humana de esta crisis socioambiental:

• Testimonio de Nelda Quintero (Comuna La Chiquita):  La lideresa afroecuatoriana documenta la muerte de su hermano, quien enfermó tras consumir agua del río y bañarse en él mientras realizaba labores agrícolas. Presentó dolor intenso de huesos, tos severa, emaciación extrema y vómitos de sangre antes de fallecer sin asistencia médica (Quintero, 2020). Asimismo, Nelda relata la pérdida de su gestación de 8 meses: tras lavar ropa en el río y consumir un mate de agua contaminada para saciar la sed, sus tres hijas pequeñas desarrollaron fiebres altísimas y ella sufrió un colapso físico que provocó la muerte fetal de su bebé (Quintero, 2020).

• Testimonio de Don César Timoteo Cantincuz Naztacuat (Comunidad Awá de Guadalito):  El anciano fundador y médico tradicional Awá detalló cómo la llegada de madereros y palmicultores alteró su territorio ancestral (Cantincuz, 2020). Explicó que las fumigaciones aéreas por avionetas secaron los cultivos tradicionales de cítricos, caña y palmas de coco, y causaron la desaparición total de la fauna de cacería (guantas, monos y aves) (Cantincuz, 2020). Describió además la aparición de manchas oscuras en su propia piel tras beber agua contaminada durante años, un deterioro progresivo de salud que derivó en su fallecimiento por dolores estomacales agudos (Cantincuz, 2020; Cueva, 2020).

La destrucción de la soberanía alimentaria se evidencia en la pérdida total de siembras familiares de cacao, las cuales se secaron de forma irreversible al ser regadas inadvertidamente con agua de esteros contaminados por efluentes industriales (Gualinga, 2024). De igual forma, las fumigaciones aéreas perpetradas por la empresa palmicultora de Julio Hidalgo destruyeron de manera fulminante 20 colmenas de abejas destinadas a proyectos comunitarios de apicultura en La Chiquita; este hecho representó una pérdida económica directa de $4,000 USD (calculada sobre una producción esperada de 10 litros por colmena, dando 200 litros comercializables a $20 USD por litro) y la aniquilación de los polinizadores locales (Quintero, 2020).

Un indicador contundente de la toxicidad en el ecosistema quedó registrado en los archivos audiovisuales sobre el envenenamiento de ganado vacuno (Quintero, 2020). Las imágenes documentan reses muertas en los potreros tras beber agua contaminada; los cuerpos permanecieron intactos durante días, sufriendo una descomposición blanda unnatural sin que los gallinazos (aves de rapiña ) se acercaran a consumir la carne y sin presencia de moscas ni gusanos, lo que evidencia la alta concentración de químicos tóxicos en los tejidos animales (Quintero, 2020).

Ante la complicidad estatal y el bloqueo de los medios hegemónicos, las comunidades desarrollaron sus propios lenguajes de comunicación estratégica.

El cine comunitario como herramienta de defensa territorial: Narrativas y lenguajes audiovisuales de resistencia

La democratización de la tecnología de video digital y la transferencia horizontal de capacidades mediáticas permitieron a las comunidades afro e indígenas articular un frente de comunicación estratégica. Frente a la desatención de las autoridades de la junta parroquial y del municipio de San Lorenzo, la apropiación de la cámara se consolidó como un acto político de autoafirmación territorial (Gualinga, 2024).

Este proceso fue coordinado mediante una alianza interétnica impulsada por el cineasta quichua Gualinga, originario del pueblo de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana quien mpartió talleres de cine comunitario a los jóvenes de Guadalito y La Chiquita, adaptando la metodología desarrollada en la Amazonía frente a las empresas petroleras para construir redes de resistencia en el Chocó (Gualinga, 2024).

La premisa política enunciada por Gualinga sintetiza esta reconfiguración de la protesta:

Nosotros hemos visto que la lucha ya no es solo con machetes, con lanzas. Hay que saber el lenguaje de afuera, de la prensa, del medio. Entonces utilizamos las mismas herramientas que les vamos a ir enseñando... para ir tejiendo redes (Gualinga, 2024).

A través de esta metodología, el cine comunitario operó no solo como registro de denuncia, sino como una cartografía espacial contra-hegemónica y un escudo epistémico frente al cerco mediático corporativo (Gualinga, 2024).

El proceso pedagógico involucró de forma activa a la juventud de ambas comunidades (Gualinga, 2024):

• Jonathan:  Joven aspirante a camarógrafo que asumió la fotografía y el montaje digital como instrumentos directos para registrar la contaminación y frenar los abusos territoriales cometidos contra su comunidad (Gualinga, 2024).

• Mariela Rodríguez: Enfocó su trabajo audiovisual en documentar las tradiciones culturales de Guadalito y en visibilizar la necesidad de sostener una relación con el bosque orientada al respeto, sin infligirle daño ni destrucción (Rodríguez, 2020).

• Gaby Cueva Cantincuz: Promotora ambiental centrada en la defensa de los cursos de agua y en la documentación sistemática de los saberes etnobotánicos y curativos de su abuelo, Don César Timoteo Cantincuz Naztacuat (Cueva, 2020).

• Cristian: Estudiante de enfermería motivado por las muertes prematuras de familiares y amigos asociadas a la contaminación y a la falta de atención médica (falta de inteligencia médica); concibe la medicina y el video comunitario como ejes articulados para la protección de la vida (Gualinga, 2024).

La película Queremos Nuestra Agua trasciende el formato del documental tradicional para constituirse en un archivo vivo y memoria biocultural. La obra preserva el idioma ancestral Awá ( pit ), hablado por Don César Timoteo Cantincuz Naztacuat, registrando sus cantos, rezos y saberes médicos tradicionales (Cantincuz, 2020; Gualinga, 2024). Este acervo testimonial asegura la transmisión intergeneracional de la memoria para los jóvenes que no conocieron los ríos limpios, fundamentando desde el plano narrativo las demandas de justicia climática.

Conclusiones y propuestas para la acción climática: Soberanía alimentaria y memoria biocultural

El análisis integral del impacto de la palma aceitera en América Latina y en el Chocó biogeográfico ecuatoriano evidencia que el modelo agroindustrial de monocultivo es incompatible con la sustentabilidad ecológica, los Derechos de la Naturaleza y la permanencia territorial de los pueblos originarios y afrodescendientes. La expansión de Elaeis guineensis  opera mediante una lógica de acumulación por desposesión que destruye la biodiversidad, degrada las cuencas hidrográficas, enferma a las poblaciones y encubre sus impactos tras sellos de sustentabilidad corporativa como la RSPO (Amigos de la Tierra, 2018; Gonzalón, 2016; GRAIN, 2024). Frente a esta crisis socioambiental, la resistencia biocultural expresada en la alianza interétnica entre La Chiquita y Guadalito —articulada mediante el litigio constitucional y el cine comunitario— se consolida como un referente para las transiciones climáticas del Sur Global.

Con el propósito de avanzar hacia una justicia climática sustantiva y restablecer la soberanía alimentaria en los territorios amenazados, se formula el siguiente decálogo de propuestas imperativas para la acción pública y social:

1. Cese inmediato de la expansión de monocultivos agroindustriales:  Establecer moratorias vinculantes que prohíban la deforestación y el cambio de uso de suelo para palma aceitera en ecosistemas de alta sensibilidad ecológica como el Chocó biogeográfico y la Amazonía.

2. Ejecución obligatoria de sentencias judiciales de Reparación Integral:      Exigir al Estado ecuatoriano el cumplimiento inmediato del fallo emitido por la Corte Provincial de Esmeraldas en 2017, garantizando la descontaminación del río Chiquita, la provisión de agua potable y la restitución territorial (Bonilla, 2022; Corte Provincial de Esmeraldas, 2017).

3. Prohibición de agroquímicos altamente peligrosos:  Proscribir el uso de plaguicidas de síntesis química y agrotóxicos causantes de enfermedades crónicas, malformaciones, abortos y mortandad animal.

4. Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria:  Asignar fondos públicos directos para la restauración de sistemas agrícolas tradicionales de subsistencia, la agroecología comunitaria y el fomento de cultivos nativos como el cacao y el plátano.

5. Desmantelamiento del Greenwashing Corporativo:  Exigir auditorías independientes y vinculantes a las certificaciones de la RSPO, sancionando a las corporaciones transnacionales que comercialicen aceite de palma proveniente de áreas con conflicto socioambiental.

6. Protección activa a defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza:      Cesación inmediata de la criminalización, el hostigamiento y las demandas judiciales dirigidas contra líderes y lideresas afroecuatorianas e indígenas.

7. Apoyo al cine comunitario y medios independientes:  Reconocer e incorporar los archivos audiovisuales comunitarios como herramientas de monitoreo ambiental, peritaje cultural y resguardo de la memoria biocultural.

El modelo de producción de la revolución verde agroindustrial no puede continuar justificándose bajo narrativas de desarrollo rural. La defensa del agua, la salud y la memoria en Esmeraldas constituye un llamado urgente a reconectar la agenda climática global con las luchas territoriales de las comunidades que custodian la vida en el planeta.

Referencias

• Amigos de la Tierra. (2018).  RSPO: 14 años de fracaso en eliminar la violencia y la destrucción generadas por el sector del aceite de palma industrial. Friends of the Earth International. https://www.foei.org/es/rspo-14-anos-de-fracaso-en-eliminar-la-violenci…

• Bayón, M. (2013).  Los monocultivos industriales de palma africana y sus impactos territoriales, sociales y ambientales. Programa de Investigación sobre Desarrollo Sustentable, UNAM. https://www.nacionmulticultural.unam.mx/mezinal/docs/2735.pdf

• Bonilla, N. (2022). Comunidades en resistencia contra la impunidad y los impactos de las palmicultoras en Ecuador. Boletín WRM, 261. World Rainforest Movement. https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/comunidades-en-resisten…

• Cantincuz, T. (2020).  Testimonio oral sobre la invasión territorial y contaminación en la comunidad Awá de Guadalito Archivo de video/Transcripción documental. Producción Audiovisual Sarayaku - Guadalito - La Chiquita.

• Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. (2017).  Sentencia del Caso Comunas La Chiquita y Guadalito vs. Palmeras de los Andes y PALESEMA  (Juicio No. 08111-2010-0220).

• Cueva, G. (2020).  Testimonio sobre el ambiente y la defensa del agua en Guadalito  Archivo de video/Transcripción documental. Producción Audiovisual Sarayaku - Guadalito - La Chiquita.

• FAO. (2024).  FAOSTAT: Datos de producción de aceite de palma en el mundo y América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/faostat

• Furumo, P. R., & Aide, T. M. (2017). Characterizing commercial oil palm expansion in Latin America: Land use change and trade.  Environmental Research Letters , 12(2), 024008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa5892

• Gonzalón, J. C. (2016).  Vulnerabilidad de la legalidad ambiental, territorial y de los derechos humanos ocasionado por los cultivos de palma africana en la Provincia de Esmeraldas Tesis de licenciatura, Universidad Central del Ecuador. Repositorio Digital UCE. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5758

• GRAIN. (2024, marzo).  La palma de aceite en América Latina: Monocultivo y violencia. Informe de Investigación de GRAIN. https://grain.org/e/7100

• Gualinga, E. (2020).  Queremos Nuestra Agua Película documental / Taller de cine comunitario. Producción Audiovisual Sarayaku - Guadalito - La Chiquita.

• Gualinga, E. (Dir.). (2024). Queremos nuestra agua [Película documental]. Roots & Routes IC, Selvas Producciones, Comunidad de La Chiquita y Comunidad de Guadualito.

• Ministerio del Ambiente de Colombia. (2017).  Línea base de la deforestación 2011-2017 en áreas de cultivo de Palma de aceite africana (Elaeis guineensis) y la Palma de aceite híbrida (E. oleifera x E. guineensis) . Bogotá, Colombia. 

• Moreno, M. (2019). Racismo ambiental: Muerte lenta y despojo de territorio ancestral afroecuatoriano en Esmeraldas.  Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (64), 89-109. https://doi.org/10.17141/iconos.64.2019.3686  

• Quintero, N. (2020).  Testimonio de vida e impactos socioambientales en la Comuna Afroecuatoriana La Chiquita Archivo de video/Transcripción documental. Producción Audiovisual Sarayaku - Guadalito - La Chiquita.

• Rodríguez, M. (2020).  Testimonio sobre tradiciones y la conservación del bosque en Guadalito Archivo de video/Transcripción documental. Producción Audiovisual Sarayaku - Guadalito - La Chiquita.

• Trade Map. (2024).  Estadísticas del comercio para el desarrollo de las empresas: Exportaciones de aceite de palma desde Latinoamérica. Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org

• USDA. (2024). Palm oil production 2023-2024: Production commodities. Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture. https://fas.usda.gov/data/production/commodity/4243000