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Esta cita textual tomada de un artículo del periódico La Nación del pasado 6 de junio, proviene de Gilberto Ureña del Foro Nacional de Taxistas y se refiere a una eventual reforma del Consejo de Transporte Público (CTP).

Actualmente, la junta directiva de este órgano en Costa Rica está conformada por dos representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, un representante del Ministerio de Ambiente y Energía, un representante de los autobuseros, uno de los taxistas, uno de gobiernos locales y uno de la sociedad civil. La propuesta de reformar esta Junta Directiva no es nueva. El prestador de servicios no debería ser juez y parte. ¿Las decisiones que se toman, entonces, son realmente para beneficiar al usuario o para proteger los intereses económicos de los prestadores de servicios? La inquietud del Sr. Ureña da la impresión de que es lo segundo. Si no fuera así, no tendría razón de estar preocupado.

Si el gobierno es de elección popular, en buena teoría, lo que diga es lo mejor para la ciudadanía. La ciudadanía no elige al representante de los taxistas ni al de los autobuseros. El de la sociedad civil es una ficha simbólica y el aporte real de esta persona en la junta directiva es cuestionable. La pregunta entonces es: ¿cómo se logra que en el CTP se tomen las decisiones de acuerdo con lo que quieran los usuarios (tanto actuales como potenciales)? Claramente una junta directiva con intereses tan diversos que bloquean cualquier decisión que pueda resultar en una real mejora, no es la solución.

El gobierno debe dejar de ser manipulado por los taxistas, cuyas huelgas afectan a varios sectores económicos. Debe perder el miedo y hacer lo que la ciudadanía demanda. La lista es amplia, pero en este aspecto particular vale la pena analizar qué tipo de ente gestor es el que realmente se necesita. En primer lugar, sería un ente que realmente quiera mejorar el transporte público masivo.

Los taxistas son los únicos que se ven beneficiados ante un sistema de transporte público deficitario, ya que las personas sin vehículo propio migran a esta alternativa. También se ven beneficiados por el alto congestionamiento, en especial cuando llueve. No hay movimiento del vehículo, pero “la maría sigue corriendo”.

Entonces hay que preguntarse, ¿qué hace la representación de los taxistas ahí, en primer lugar, si lo más probable es que se oponga a cualquier proyecto de mejora del transporte público masivo? Por otro lado, los autobuseros son concesionarios que deben operar la ruta que se les asigna y lucran al ofrecer este servicio público. ¿Por qué deben estar en la junta directiva?

En el mismo artículo se menciona la “posición” del gobierno. No se hablará hasta que la propuesta esté lista. ¿Cómo hace la ciudadanía para enterarse de que lo que se proponga realmente vaya de acuerdo con sus intereses? Hay muchas maneras: cartas abiertas a los medios, redes sociales, manifestaciones.

Pero hay que crear conciencia y elevar la voz en el momento. Si realmente se tomará la decisión de reformar a la junta directiva del CTP, ¿qué dice la ciudadanía?, ¿queremos representación de taxistas y autobuseros en el ente que toma las decisiones estratégicas?

A nivel personal y por las razones expuestas anteriormente, mi opinión personal es un rotundo NO.