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El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) acaba de publicar el “Informe País de Financiamiento para Cambio Climático” en Bolivia, que ha sido elaborado por LIDEMA y la Fundación Jubileo.

Después de presentar la base legal y la estructura político-institucional para el cambio climático en Bolivia, los autores hacen un detallado desglose del financiamiento climático tanto internacional como nacional. Presentamos a continuación las conclusiones y recomendaciones de dicho Informe.

El estudio “Informe País de Financiamiento para Cambio Climático” de Bolivia es parte de un emprendimiento mayor realizado en diversos países de la región.

Su objetivo es “elaborar diagnósticos sobre el estatus del financiamiento climático en América Latina y el Caribe”, usando una metodología uniforme que permite la comparación de los resultados.

En la parte del diagnóstico para Bolivia, en primer instancia el informe resalta como aspecto importante que la Ley Marco de la Madre Tierra (Art. 57) dispone la constitución del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra (FPMT) como el mecanismo financiero dependiente de la APMT. “Este fondo tiene como función principal canalizar, administrar y asignar de manera eficiente, transparente, oportuna y sostenible recursos financieros de apoyo a la realización de los planes, programas, proyectos, iniciativas, acciones y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático de los Mecanismos de Mitigación y Adaptación de esta entidad.”

En relación con la política pública se constata que “es la APMT quien asumirá a futuro la responsabilidad de definir las políticas públicas en mate­ria de cambio climático, realizar la coordinación interministerial y definir una política nacional de cambio climático. En la actualidad, la orientación al medio ambiente es la que todavía ha primado en la política pública y el tema de cambio climático es incluido de forma transversal en diversos sectores a través de programas sectoriales, como el de agua, cuencas, áreas protegidas, gestión de riesgo y desastres, entre algunos.”

Sin embargo, se nota que “la APMT aún no está ejerciendo a plenitud su mandato, necesita fortalecer su institucionalidad para ejercer el rol de realizar una coordinación interministerial. Asimismo, existe aún el desafío de la creación de un plan nacional de cambio climático y de un fondo o mecanismo financiero específico, que será parte de la tarea de la APMT.”

Presentamos a continuación las conclusiones y recomendaciones formuladas por el equipo de autores hacia el gobierno nacional en forma levemente recortada.

Clasificación de proyectos de cambio climático por área de acción

Conclusiones y recomendaciones

El análisis del financiamiento internacional y nacional en materia de cambio climático muestra que, por el momento, aún existen retos importantes para asegurar suficientes fondos dirigidos de manera adecuada y efectiva a atender esta problemática. Esto sucede en un contexto en el que Bolivia ya cuenta con cierta institucionalidad enfocada en cambio climático, así como con un marco legal y de política pública que reconoce que este tema es prioritario para el país y que las decisiones y acciones de mitigación y adaptación deben llevarse a cabo de manera participativa. Para cumplir con estas metas y fortalecer la política pública en la materia, el estudio arroja luz sobre diversas medidas que deben ser puestas en marcha por el Estado boliviano. A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones divididas para el financiamiento internacional y el presupuesto público.

Ámbito internacional

» De acuerdo con el estudio y análisis realizado sobre el financiamiento actual en Bolivia, se observa que los recursos financieros están llegando para otras áreas sin priorizar la temática de cambio climático. De los proyectos y recursos que se estiman van a cambio climático, la mayor parte lo hace hacia la adaptación. En cuanto a los sectores, priman los proyectos para agua y manejo de riesgos.

» A nivel gubernamental, Bolivia presenta una falencia al no contar con una instancia que efectivamente centralice y vele por todo el procedimiento de financiación de programas y proyectos contra el cambio climático. Esta situación, ha generado un grado de desconocimiento e inadecuada priorización y asignación de fondos para iniciativas que sean de gran impacto y resultados, tanto en adaptación como mitigación o ambas.

» En este sentido, reviste suma importancia la búsqueda de financiamientos acorde con la problemática de cambio climático, ya sea dentro de la estructura financiera internacional u otras fuentes paralelas.

» Con respecto a barreras encontradas para el análisis, indicar que la cooperación internacional en Bolivia relativamente maneja el financiamiento para el cambio climático, ya que no se ha observado la existencia de un sistema ni mecanismos que estén destinados a facilitar la identificación clara y efectiva de estos recursos con resultados cuantificables y sostenibles.

» La participación de la sociedad civil, mediante programas de información y concientización, es de vital importancia, así como la capacitación en las instituciones para incrementar la formación de profesionales en la elaboración y evaluación de proyectos en la materia. En este sentido, la difusión de los mecanismos de control social y participación existentes en la normativa nacional, amerita su difusión y aplicación.

Presupuesto relacionado con el cambio climático a nivel central e instituciones descentralizadas en relación con el presupuesto general del Estado (millones de bolivianos).

Ámbito nacional

» Es necesario fortalecer la institucionalidad de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT).

Asimismo, se propone la creación de una Ley de Cambio Climático que norme al gobierno en todas sus instancias, al sector privado, académico, organizaciones sociales y sociedad civil en general, para trabajar de manera conjunta y articulada para hacer frente a este problema global que, de no atenderse, implicará para nuestro país severos costos ambientales, sociales y económicos.

» En ese marco, un instrumento central para cumplir con los objetivos de esta ley es el Presupuesto General del Estado Plurinacional, que debe permitir cumplir con los compromisos internacionales a los que se adscribió Bolivia en esta materia a través de la asignación, transversal y transparente de recursos públicos para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

» En esa línea, el gobierno debe asignar recursos de manera transversal a los diferentes sectores económicos y unidades responsables para la implementación de acciones, programas, proyectos y actividades concretas orientadas a la mitigación y la adaptación del cambio climático.

» También, esto implica que instancias del gobierno deban rendir cuentas sobre sus políticas y acciones concretas referidas al combate del cambio climático, para lo cual debe transparentar la información sobre los recursos que destinan para este fin.

» Por otro lado, también se puede observar que en general las asignaciones presupuestarias relacionadas con cambio climático son mínimas en relación con los montos totales del Presupuesto General del Estado Plurinacional.

» El sector con la gran mayoría de los recursos relacionados al cambio climático es transportes, pero se refiere a inversiones no tan directamente relacionadas a los objetivos de adaptación o mitigación, sino que responde a otras metas. Y, en general, las asignaciones presupuestarias identificadas mayormente no son proyectos que forman parte de una política sobre cambio climático, sino que coadyuvan desde otros sectores.

» Por otra parte, se debe diseñar una Política Nacional de Cambio Climático, que dé lugar a un Plan Nacional de Cambio Climático y que forme parte del Plan Nacional de Desarrollo del país.

» También, una mayor difusión de información sobre las políticas, proyectos relacionados con el cambio climático y su financiamiento.

» Incorporación de otros actores para una participación y contribución con las políticas públicas por medio de estudios, investigación, incidencia y sensibilización, tales como Universidades, ONGs, sector privado, fundaciones, etc.

» Promover un mayor grado de conciencia y educación en la sociedad civil en general sobre el cambio climático y el rol de la población.

» Los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena-originario-campesinos tienen competencias y acciones específicas relacionadas con medio ambiente y cambio climático. Por esta razón, a futuro será importante una planificación e implementación vertical de la política de cambio climático nacional desde el gobierno central hacia los gobiernos sub-nacionales, así como un fortalecimiento a su institucionalidad y seguimiento al financiamiento que estos niveles utilizan y el destino de estos recursos.